Si bien los proyectos iban a estudiarse recién el 30 de septiembre, a pedido de la senadora Georgia Arrúa (PQ), el tratamiento se adelantó ocho días, por lo que están incluidos en la sesión ordinaria de hoy, luego de varias postergaciones anteriores.

Un proyecto es el que modifica el artículo 142 de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal y su modificatoria Ley N° 3.440/2008”, presentado por los Senadores Antonio Barrios y Sergio Godoy.

El texto establece que, el que individualmente o en concierto con otras personas, sin consentimiento del titular, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.

Cuando la invasión en el sentido del inciso anterior se realizara con el objeto de instalarse en él o con daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena será privativa de libertad de hasta diez años.

Otro proyecto es el que modifica el artículo 142 de la Ley 3.440/2008, Que modificó el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997 Código Penal”, presentado por los senadores Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen.

Aquí se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos, que con la propuesta se convierten en crímenes. Además, se dispone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente son de hasta dos años o multa.

Al respecto, el MOPC detalló que las labores, a cargo de la División de Conservación de Vías Pavimentadas, consisten en frezado de pavimento, para posteriormente proceder a bacheos y por último a la colocación de carpeta asfáltica con esparcidora y regularización.

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En ese sentido, informó que el objetivo es culminar a más tardar para la próxima semana, por lo que se trabaja incluso en horario nocturno.

Con esta acción se busca aliviar la congestión en uno de los principales accesos a la capital, mientras se adjudican las obras que permitirán brindar una solución más integral a la problemática que tiene esta transitada vía desde la Avda. Madame Lynch hasta el cruce Yberá, en la ciudad de San Lorenzo.

Asimismo, recuerda también que, como parte del Plan Central, el MOPC proyecta otras intervenciones importantes en el departamento, en donde las tareas incluirán alcantarillados y recapado nuevo.

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El informe presentado al presidente Peña detalla que la ESSAP facturó en el mes de abril un 14 % más con relación al mismo mes del año 2023 con una cifra de G. 51.093.812.022. Además, se destaca una reducción del 10 % del gasto operativo mensual promedio desde el inicio de la gestión, en septiembre del año pasado. Es decir, se logró una optimización de los recursos en un 24 %.

Otro punto del informe indica que la empresa estatal gastó, de enero a agosto del 2023 unos G. 21.139.754.453, mientras que desde septiembre de 2023 a marzo de 2024 unos G. 19.004.657.710 mensuales en promedio.

En materia operativa, el reporte señala un promedio de 3.076 intervenciones para reparaciones de cañerías de agua potable mensual en lo que va del año y un promedio de 412 intervenciones para mantenimiento, construcción de ramales y reparaciones en el sistema de red de alcantarillado mensual.

El presidente fue informado además sobre los detalles financieros que incluyen proyectos futuros que la empresa se encuentra planificando para el mejoramiento integral del servicio, como por ejemplo, adquisiciones de planta asfáltica, construcción del tanque metálico para la planta de Villa Hayes, construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el Grupo Habitacional Aeropuerto, construcción de reservorio y extensión de cañerías en San Bernardino, perforación de pozo y sistema de distribución en Paraguarí, construcción de un tanque en San Antonio, intervención de cambio de cañerías obsoletas en Gran Asunción, entre otros.

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó los incidentes de nulidad presentados por el abogado de Joaquín Roa contra la acusación del fiscal Silvio Corbeta. La decisión desata el nudo judicial y permite elevar la causa a juicio oral y público.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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